Educación sexual: ¿Privilegio o derecho?

Educación sexual: ¿Privilegio o derecho?
Richard Morales
Politólogo
moralespanama@gmail.com

Vivimos en un mundo donde la niñez está expuesta a una multiplicidad de presiones sociales, muchas inevitablemente peligrosas, y ante las cuales toda buena familia quera proteger a sus hijos. Pero debemos reconocer que no podemos aislar a los niños de la realidad, por lo que la única opción es prepararlos para afrontar esas amenazas enseñándoles la más importante habilidad que un ser humano puede aprender: saber decidir. Y hay pocas decisiones más importantes que aquellas que conciernen nuestra integridad sexual.

Saber decidir en el campo de la sexualidad implica poseer los criterios que nos permitan tomar decisiones responsables en torno a nuestros cuerpos, que son aquellas decisiones que nos ayudan a desarrollarnos plenamente como seres humanos, estableciendo relaciones respetuosas, afectuosas y equitativas con los demás. Estos criterios los obtenemos a través de una educación integral en salud sexual y reproductiva.
Hay familias que tienen las condiciones para brindarles esta educación integral en sexualidad a sus hijos. Son familias privilegiadas sin duda, y los niños que pertenecen a ellas pueden contarse entre una minoría afortunada. Pero en una sociedad democrática la educación no es un privilegio, es un derecho, por lo cual el Estado tiene el deber de garantizar que cada niño y niña, independientemente de las circunstancias de su vida, tenga el derecho a recibir una igual educación que lo prepare para vivir responsablemente en sociedad.

Hay familias que protegen y orientan a sus hijos, otras los abandonan o maltratan; hay familias que tienen los conocimientos y paciencia para hablar de sexualidad con ellos, otras no tienen la formación o interés; hay familias con tiempo, comodidad y recursos, otras están agobiadas por el trabajo, la pobreza o los vicios. Un niño puede pertenecer a una de tantas posibles variantes de familias, o incluso no tener una familia. ¿Vamos a condenar a un niño por el tipo de familia en la que nace, en particular a aquellos que pertenecen a hogares hacinados e insalubres, o con padres alcohólicos o drogadictos, o sexistas o abusadores?

Esta es la realidad injusta de nuestro Panamá desigual y excluyente, y es la realidad a la que deben responder las políticas de Estado si es que han de ser efectivas.

A su vez, todo niño, sin importar a cuál de estos tipos de familia pertenece, recibe en toda etapa de su desarrollo un bombardeo avasallador de mensajes contradictorios y disimiles sobre el sexo, provenientes de la televisión, cine, internet, y amigos o adultos mal intencionados o inconscientes, mensajes que si el niño no está preparado para interpretar adecuadamente, pudieran fácilmente conducirlo a malas decisiones, que van desde un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, a una violación o la muerte misma.

Los niños no son objetos, cosas que pueden ser usadas y desechadas a discrecionalidad de otros, sino sujetos de derecho, seres humanos con una dignidad intrínseca, lo que implica que sus familias y comunidades adquieren un deber ante ellos, de brindarles todas las condiciones necesarias para su realización humana, que va desde valores en el hogar a una educación científica en la escuela.

Ante esta cruda pero innegable realidad, tenemos la obligación como sociedad y Estado, de implementar políticas universales que garanticen a todo niño por igual el derecho a recibir una educación integral en salud sexual y reproductiva. Una educación que les permita desarrollar los criterios indispensables para comprender su sexualidad, estudiando la realidad tal y como es y no como nos gustaría que fuera, para que estén preparados para tomar decisiones responsables y salvaguardar su integridad corporal, y así a futuro, formar familias fuertes fundamentadas sobre el respeto mutuo, el entendimiento y el amor.
Esta ley no resuelve el problema de fondo, el de una sociedad desigual y excluyente que le niega sus derechos fundamentales a la gran mayoría de las familias panameñas; pero para llegar al Panamá que queremos y necesitamos, tenemos que empezar a caminar, y la ley 61 es un paso en la dirección correcta.